Escribe: Lelis Rivera Chávez, antropólogo del CEDIA.
Pasó febrero y con él, el 37 aniversario del CEDIA. Este aniversario la pasamos casi desapercibidamente entre idas y venidas de los equipos de campo abocados a la implementación de diversos proyectos. Nos encontrábamos totalmente inmersos en el recojo de información para el “Diagnóstico de la Propiedad, Tenencia y Uso de la Tierra y demás Recursos Naturales de la región Loreto”, el cual permitirá, por fin, dar a conocer con exactitud cuántas, dónde y en qué estado están las comunidades nativas de Loreto. También nos permitirá saber si se encuentran saneadas o con pendientes de saneamiento. Sin embargo, un aniversario siempre es buen momento para detenernos a reflexionar sobre lo andado.
Hace unos días, en el marco del IV Foro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartía con mucha nostalgia nuestra experiencia en el ordenamiento territorial y saneamiento físico-legal que nos llevó a promover el establecimiento de 9 Áreas Naturales Protegidas (ANP) junto a las comunidades nativas y otras poblaciones locales que ahora se enorgullecen de contar con ellas y las defienden de cualquier amenaza. Hablábamos de la gran función semillera para la biodiversidad que tienen estas áreas para hacer sostenible la vida en las cuencas en donde se ubican, beneficiando a las poblaciones locales y, también, al planeta. No cabe duda que este interés consuetudinario de cuidar el bosque como fuente de abastecimiento de recursos para la vida ahora es compartido también por el Estado; por ejemplo, mediante las ANPs del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE.
La titulación de comunidades y su fortalecimiento institucional comunitario, el establecimiento de las ANPs con sus respectivos documentos e instrumentos de gestión, y la declaración de las reservas para la protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial – PIACI constituyen, hoy, nuestro mejor legado. Su sostenibilidad dependerá de los propios actores locales fortalecidos, entes rectores y el sector público, que tienen la responsabilidad de garantizarla.
En este aniversario quisiéramos hacer una reflexión sobre la importancia del saneamiento físico-legal de comunidades nativas y el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión del patrimonio natural y cultural. Este análisis cobra mayor relevancia al darnos cuenta que en la actualidad, a pesar de la brecha significativa en saneamiento, las comunidades nativas vienen administrando alrededor de 14 millones de hectáreas sin ningún tipo de apoyo o asesoría de parte del Estado.
A lo largo de nuestra vida institucional hemos sido testigos de cómo los vaivenes políticos han dado y quitado prioridad al tema indígena en la Amazonía. Después 1978, nunca más se ha programado y presupuestado de oficio, trabajo alguno con comunidades nativas. Un ejemplo de este abandono, es que comunidades indígenas ubicadas en el corazón petrolero de Loreto, a pesar de haber sido impactadas por actividades petroleras por décadas, recién lograron que el Estado reconociera sus derechos territoriales durante el periodo 2012-2017.
CEDIA en el Tigre-Corrientes; y, el Proyecto “4 cuencas de la PCM” en Morona, Pastaza, Marañon, Chambira, etc., han avanzado en el saneamiento de estas comunidades por un acuerdo entre el Estado y las comunidades afectadas por los impactos de la actividad petrolera. Todo esto ocurrió solamente después de muchos reclamos de los pueblos indígenas de la zona.
Este no es un caso aislado, no conozco ninguna Dirección Regional de Agricultura (DRA) que cuente con recursos económicos presupuestados para el saneamiento de comunidades nativas. Esto ha sido así, por lo menos, desde que los gobiernos regionales recibieron las competencias para el saneamiento físico legal de las comunidades nativas (2010).
De las 1500 comunidades nativas tituladas que se estima que existen en la actualidad, el 43% las hizo el mismo Estado peruano con recursos propios y de propia iniciativa en los primeros 3 años de implementada la Ley de Comunidades Nativas. Solo el 8% ha sido titulada, también con recursos del Estado, en los últimos 40 años. El 49% restante, han sido saneadas con ayuda de la cooperación internacional.
Como todos saben, entre 1999-2010 el saneamiento físico-legal de comunidades nativas estuvo paralizado; en este lapso se estuvo preparando todo para disponer de la Amazonía y fomentar la inversión en actividades extractivas. Esto se realizó sin considerar los derechos consuetudinarios de las comunidades nativas; propiciando la creación de los Bosques de Producción Permanentes (BPP), así como lotes petroleros y sus concesiones, que dejaron virtualmente sin futuro a las comunidades pendientes de saneamiento.
Vemos que gran parte de las normas emitidas para el fomento de la inversión en Amazonía y que motivaron el “Baguazo”[1] son las que han impedido que en los primeros 4 años después de transferidas las competencias a los GORE, se realice el saneamiento físico legal de comunidades nativas y campesinas. La superposición de comunidades con BPP paralizaba el inicio del procedimiento, las normas de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor y levantamiento de suelos[2] fueron erróneamente impuestas al proceso de titulación de comunidades nativas, fundada en el reconocimiento del derecho consuetudinario.
Luego se demostró que esta situación solo entorpecía el proceso de legalización de territorios comunales y, poco a poco, las organizaciones indígenas y la sociedad civil hemos tenido que aportar para devolver la memoria institucional a las DRA y al ente rector del saneamiento físico-legal, para que el procedimiento se aligere en el marco de la ley.
A todo esto, debemos reconocer que Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR aún no ha puesto en marcha ningún procedimiento para redimensionar BPP con fines de titulación de comunidades. Su actitud siempre ha sido tan evasiva como irresponsable, tomando acuerdos que nunca se cumplen o generando normas que no se pueden implementar. Hemos pasado 8 años tratando que SERFOR, como ente rector, promueva el otorgamiento de los Contratos de Cesión en Uso de las Tierras Forestales a las comunidades a través de los órganos regionales, como parte del procedimiento de reconocimiento de derechos sobre los territorios comunales. Lo mismo sucede con el redimensionamiento de los BPP, que aún no se implementa a través de los órganos competentes. Éste es un tema de su absoluta competencia; por lo tanto, lo debe liderar, aun cuando los órganos que lo implementen sean los gobiernos regionales.
A través de la historia se percibe con mayor claridad este tipo de problemas. Todo nos hace pensar que el patrimonio forestal del país no está en manos del Estado, pues no se entiende por qué el mismo Estado que reconoce derechos de propiedad a comunidades nativas se opone a otorgarle sus territorios, manteniéndolos en cautiverio dentro de los BPP desde que éstos fueron creados; además, sin ningún estudio de campo ni consulta. De otro lado, no se entiende por qué no se consideran los territorios comunales como parte del patrimonio forestal del Perú, si es ahí donde se encuentra los recursos forestales de las comunidades nativas, pero lamentablemente ellas no pueden aprovecharlos, así sean de su propiedad. La ley determina la forma de hacer un aprovechamiento comercial de los recursos forestales en general.
En los próximos 3 años, las comunidades nativas del Perú llegarán a tener alrededor de 20 millones de hectáreas de bosques, relativamente bien conservadas. El Estado jamás ha invertido en el fortalecimiento institucional de las comunidades para mejorar la gestión de sus territorios y su patrimonio cultural. En un país preocupado por la inversión, esto es más que un descuido: es una gran irresponsabilidad, pues estamos dejando al azar y a la buena voluntad de la sociedad civil y la cooperación internacional que este gran patrimonio caiga en manos de habilitadores y traficantes que andan detrás de las comunidades.
Estamos en el momento adecuado para hacer realidad una Amazonía sostenible; por eso esperamos que el Estado, en sus diferentes niveles, miren a las comunidades como aliados estratégicos en el buen manejo del patrimonio natural, hay innumerables oportunidades de manejo de recursos para crear una industria diversa y sostenible en la Amazonía; pero debemos orientar fondos públicos, de la cooperación internacional, de compensación por conservación, entre otros, para promover este objetivo.
[1] 5 de junio de 2009
[2] Preparada para fiscalizar el cambio de uso en las concesiones, venta de tierras y adjudicaciones especiales.