Conservación y aprovechamiento: mitos y verdades de las áreas protegidas
“Cuando era muchacho, nos sacaron a mis padres y a mí de Pacaya Samiria, ahora vienen a sacarnos de acá también”, pensó Raúl Pérez, teniente gobernador del caserío Nueva Esperanza del Tapiche, en la provincia de Requena, Loreto, cuando se creó la Reserva Nacional Matsés, en 2009. Como Raúl, varias comunidades y ciudades veían a las áreas naturales protegidas (ANP) como barreras al desarrollo o una forma que tiene el Estado para “mezquinar” los recursos naturales a poblaciones que, por lo general, ya enfrentan la pobreza y falta de oportunidades.
Sin embargo, con los años esta idea se ha ido desterrando. Ahora, las áreas naturales protegidas son reconocidas como motores para el desarrollo local, porque se sabe que promueven la formalización de las comunidades y sus actividades económicas, a la vez que garantizan la provisión de servicios ecosistémicos cruciales para la vida de las personas.
Según los cálculos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), los servicios ecosistémicos que proveen las ANP del país se miden en miles de millones de soles[1]. Por ejemplo, se estima que las áreas protegidas garantizan el abastecimiento de agua de cerca de 3 millones de personas, lo cual representa un aporte de alrededor de ochenta y un mil millones de soles a la economía nacional. Sin ir muy lejos, el agua potable de Iquitos tiene su origen en el río Nanay, cuya cabecera de cuenca y curso alto están protegidos por el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira y, más abajo, por la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana.
Los beneficios que las áreas naturales protegidas brindan van más allá de los servicios ecosistémicos, que son muy importantes, pero poco tangibles en las economías locales. Los aportes de estas áreas son visibles a la economía local a través de la mejora de ingresos por la venta de recursos manejados, el desarrollo de capacidades para el aprovechamiento y comercialización de recursos naturales, formalización de actividades económicas sostenibles basadas en recursos naturales, entre otros.
La conservación instala su círculo virtuoso, generado a partir de comunidades que reconocen la necesidad de conservar espacios vitales para garantizar su futuro, y los esfuerzos del Estado e instituciones privadas que generan beneficios para el entorno cercano y se extienden mucho más allá.
¿Cómo funciona ese círculo virtuoso de la conservación en beneficio de las poblaciones locales? Por ejemplo, como a las ANP les conviene tener vecinos formales con quienes interactuar, apoyan a las comunidades y poblaciones aledañas en procesos como la titulación. De esta manera, estas personas y comunidades acceden también a herramientas para la gestión formal de su territorio y recursos naturales. Además, como a las ANP también les conviene tener vecinos con sus necesidades básicas satisfechas y que cuiden su propio territorio de las amenazas externas, promueven, junto a sus aliados, soluciones basadas en la naturaleza para solventar las necesidades locales, a la vez que apoyan a la organización de comités de vigilancia comunal para mantener la integridad del territorio.
Es verdad que las ANP no están exentas de conflictos, ningún proceso social lo está porque, al final de cuentas, la conservación es justamente eso, un proceso social en el que decidimos sobre el uso que le queremos dar a nuestro bosque u otros recursos naturales y esto, muchas veces toma tiempo y, como podemos ver en el Perú y en nuestra región; más temprano que tarde llega a buen puerto.
Es verdad también que las áreas protegidas de nivel nacional, pero sobre todo las de nivel regional, padecen por tener presupuestos muy limitados para su gestión. En los últimos años se han hecho grandes esfuerzos y se ha tenido importantes avances en garantizar el financiamiento para una mínima gestión efectiva de estas áreas. Precisamente, Loreto lidera una iniciativa para la determinación de una contribución regional (contribución verde), que pueda paliar de manera considerable esta falta de recursos[2].
A medida que los gobiernos entiendan que financiar áreas protegidas no es un gasto, sino una inversión con excelente retorno, los problemas de financiamiento serán cada vez menores. Como dato: un estudio del 2020 muestra que la inversión en áreas protegidas puede resultar en un balance en el que los beneficios superan hasta por cinco veces a los costos[3].
El mismo Raúl Pérez, es ahora un ejemplo de cómo la llegada de las áreas protegidas puede cambiar la vida de las comunidades para bien. Actualmente, Raúl es el jefe de la comunidad nativa Nueva Esperanza del Tapiche, que logró su reconocimiento y la titulación de su territorio, al igual que lo han hecho más de 20 comunidades en el entorno de la Reserva Nacional Matsés, en los últimos 10 años. Y es directivo de la federación de comunidades locales (FECORITAYB[4]), que no sólo es un aliado importante en la gestión y protección de la Reserva Nacional Matsés, sino que viene impulsando desde hace 7 años la creación de un área de conservación regional para proteger los bosques y humedales que dan origen a las quebradas que permiten el manejo de arahuana y otros peces ornamentales, de los que varias de estas comunidades dependen económicamente.
Para impulsar este círculo virtuoso, que permite que comunidades como la de Raúl Pérez accedan a beneficios ambientales, sociales y económicos; Loreto implementó un Sistema Regional de la Conservación (SRC). Se trata de un espacio de convergencia para los distintos tipos de áreas naturales protegidas y actores involucrados en la región creado con el fin de brindar una propuesta de desarrollo integral y articular todos los esfuerzos de conservación en Loreto.
[1] Revisar https://www.sernanp.gob.pe/servicios-ecosistemicos
[3] Ver https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf
[4] Federación de Comunidades de los Ríos Tapiche y Blanco, organización que representa a las 24 comunidades nativas y campesinas, ubicadas en la provincia de Requena, en la región de Loreto.
