Crisis en el VRA: territorios comunales invadidos para el cultivo de coca
Por: Edber Bendezú, ingeniero agrónomo del CEDIA
La situación del Valle del Río Apurímac (VRA) es preocupante. La venta de madera y cultivos no tradicionales ha centrado el trabajo de las comunidades nativas solo en cultivos comerciales, a pesar que disminuyen el tamaño de su chacra que usan para su consumo familiar. Estas prácticas también han generado que la diversidad de productos que tradicionalmente cosechaban se reduzca. A esta situación se suma el dramático descenso de la fauna acuática debido a la presión de la pesca a la que está sometido el río Apurímac y sus principales afluentes. Esto ocurre también por el crecimiento de la demanda de las ciudades que se ubican en sus márgenes como Santa Rosa, Palma Pampa, Kimbiri, Pichari, Puerto Coco, entre otros.
Observamos que el cultivo de la hoja de coca en el VRA sigue en aumento. Los residuos del proceso de producción de droga llegan a las aguas del río Apurímac. Además, los terrenos ocupados por los pueblos indígenas Asháninkas y Machiguengas vienen siendo invadidos por colonos [1] quienes cultivan coca a vista y paciencia de las autoridades estatales. Esto sucede tanto en territorios titulados como los que están en procesos de titulación.
Según el Informe de Monitoreo de cultivo de coca realizado por la UNOC (Oficina de las Naciones Unidades contra la droga y el delito) y DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), entre el 2017 y diciembre de 2018, incrementó el cultivo de coca en los territorios de las comunidades nativas en 22%, con respecto al año 2016; es decir, que de 2 752 ha que se tenían, estas han aumentado a 3 366 ha, de las cuales 1 382 ha (41%) se encuentran en el ámbito del VRAEM. Las estadísticas indican que también que las comunidades nativas cultivan la coca, es verdad; sin embargo, esta actividad es realizada en su mayoría por colonos invasores en territorios comunales, utilizando las siguientes modalidades identificadas:
MODALIDAD 1. INVASIÓN EN TERRITORIOS TITULADOS:
Las comunidades nativas tituladas hasta el año 2000 que realizaron su proceso de demarcación territorial con equipos de topografía tradicional de poca precisión (sin coordenadas UTM) vienen siendo invadidas. Esta situación ha sido capitalizada por colonos colindantes que han invadido sistemáticamente territorios comunales. Cuando los indígenas pretenden hacer valer sus derechos, inmediatamente amedrentan a sus líderes con denunciarlos penalmente. En ocasiones esta situación ha sido elevada a instancias judiciales. Lamentablemente, las autoridades que deben impartir justicia terminan dando la razón a los colonos, por lo que siguen ganando territorio comunal para sembrar la hoja de coca. Entre las comunidades nativas afectadas bajo esta modalidad se encuentran Kipachiari, Gran Shinungari, Cashiruvine y Capirushiato.
Las comunidades nativas que extraen madera invitan a madereros legales e ilegales a su territorio. Los primeros son autorizados por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), autoridad competente. Los ilegales, en Pichari, recorren todo el territorio abriendo trochas de acceso para que, una vez terminada la extracción, alquilen terreno para la siembra de coca por un periodo de 2 a 3 años. Cuando la comunidad quiere desalojarlos, estos no quieren retirarse y siguen ampliando sus fronteras para la siembra de coca dentro del territorio comunal. Bajo este sistema, las comunidades nativas afectadas son: Catungo Kempiri, Sankiroshi, Tiñovancani, Comitarinkani y Pitirinquini.
Las comunidades nativas que asimilaron a colonos dentro de la comunidad, es decir, los colonos pasaron a formar parte de la comunidad bajo condiciones impuestas por la población y ahora forman parte de la misma. Sin embargo, los descendientes y parientes de estos colonos vienen tomando el poder político y administrativo de la comunidad para restructurar la vivencia comunal reemplazándola por sus propios hábitos y costumbres, incluso en la distribución del territorio. Así, desplazan sistemáticamente a los indígenas y toman los mejores terrenos para la siembra de la hoja de coca. Entre las comunidades nativas afectadas bajo esta modalidad tenemos a Limatambo, Pitirinquini y Gran Shinungari.
MODALIDAD 2. INVASIÓN EN TERRITORIOS EN PROCESO DE TITULACIÓN:
- Los cocaleros, quienes ingresan a los territorios comunales con la fachada de ser sembradores de cacao o café, están al tanto de las áreas posibles de invasión y a la mínima posibilidad las invaden. Una vez posesionados, entran a cultivar la hoja de coca. Entre las comunidades nativas afectadas por esta modalidad podemos encontrar a Shimashirinkani, Camavenia, Mancoriari y Maketi.
- El caso de Shimashirinkani[2]
Es importante resaltar el caso de la Comunidad Nativa Shimashirinkani, ubicada entre las comunidades nativas de Paveni, Pitirinquini y la Reserva Comunal Asháninka (RCA). Esta comunidad viene sufriendo esta forma de invasión; sin embargo, Shimashirinkani tiene una fortaleza: cuenta con el apoyo de la Organización Asháninka Machiguenga del Río Apurímac (OARA).
El proceso de invasión de su territorio inició en setiembre de 2018 con la apertura de trochas dentro del territorio de la comunidad. El jefe de la comunidad advirtió a los invasores y solicitó su retiro de manera pacífica; sin embargo, estos continuaron con su propósito, alegando que se encontraban en un terreno de libre disponibilidad. En noviembre del mismo año, realizaron el roce de 6 ha aproximadamente, de las cuales, 1 ha se encuentra dentro de la Reserva Comunal Asháninka (RCA), a pesar que el área está legalmente protegida por el Estado peruano. En vista de lo sucedido, los comuneros pidieron a los invasores, ya por segunda vez, que se retiraran; sin embargo, estos continuaron.
Frente a ello, Shimashirinkani realizó denuncias formales ante instituciones como SERNANP Satipo, SERFOR Pichari, Agencia Agraria – Dirección Regional Aagraria Cusco, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) San Francisco, Comando Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CE-VRAEM), el Juzgado de Paz y ante los alcaldes de los centros poblados más cercanos. También intentaron denunciar ante la Policía Nacional del Perú (PNP), pero ni siquiera les recibieron.
Solo la FEMA les notificó que realizarían una inspección de campo para el 27 de diciembre de 2018. Llegado el día, ningún representante se acercó a la zona y hasta la fecha, tampoco existe ningún pronunciamiento al respecto. Esto ha ocasionado que los invasores continúen tomando posesión de los territorios comunales.
Las instituciones estatales tienen dentro de sus funciones el hacer respetar los derechos que asisten a los indígenas; sin embargo, no sucede así. Esto facilita la creación de conflictos sociales entre colonos e indígenas.
Frente a la actividad ilícita del cultivo de la coca en las comunidades nativas de la cuenca del Apurímac, alertamos a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto. La Organización Asháninka Machiguenga del Río Apurímac (OARA) viene haciendo un valioso esfuerzo para poner fin a esta situación, pero resultará estéril cualquier iniciativa si es que no cuenta con el respaldo de las autoridades locales, regionales y de carácter nacional que tienen competencias en la zona. Por ello, OARA está dispuesta a realizar las coordinaciones necesarias para evitar que esta situación siga perjudicando a más territorios comunales.
[1] Mestizos provenientes de la zona andina.
[2] A pesar que Shimashirinkani forma parte de la meta del Proyecto PTRT3, hasta la fecha no tiene resultados sobre el saneamiento físico legal de su territorio.
