27 de marzo del 2018.- En el marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) y la Dirección Regional de Agricultura de Cusco (DRA C), el 17 de enero del presente año se entregaron 9 expedientes de 9 comunidades nativas -Aendoshiari, Alto Paquishiari, Alto Picha, Koribeni, Porenkishiari, Monte Carmelo, Sababantiari, Shimaa, Shivankoreni y Tivoriari- ubicadas en los distritos de Echarati y Megantoni, a la sede registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) de Quillabamba con el propósito de inscribir sus títulos de propiedad en el Registro de Propiedad Inmueble. Asimismo, el 19 de enero de este año, se ha procedido con 5 expedientes de 5 comunidades nativas -Ashaninka Yevanashi, Huayanay, Kepitoshi, Kiruchariato, Maketi y Monkirenshi- ubicadas en los distritos de Pichari y Kimbiri, las que han sido ingresadas en la Zona Registral XIV de la SUNARP ubicada en Ayacucho. A pesar del continuo monitoreo al proceso de inscripción, después de más de 2 meses, éstos no han sido inscritos hasta la fecha.
En la sede de Quillabamba señalan que ya pasó la evaluación en el área de catastro y está pendiente la evaluación legal para su inscripción. En la SUNARP de Ayacucho manifiestan que tienen “mucha carga de trabajo”, pues están terminando de evaluar los expedientes de diciembre del 2017, para luego iniciar la calificación de los expedientes presentados en enero del 2018; estiman que a partir del 19 de abril, podrían ser calificados para su inscripción.
Sin embargo, el Reglamento General de Registros Públicos establece que la inscripción de la personería Jurídica debe darse en 48 horas hábiles; para el caso de inscripciones registrales de propiedad son 7 días. Si se requiere un informe del área de catastro el tiempo es de 35 días hábiles; si el título es observado requiere una prórroga de 50 días. Por tanto, podemos concluir que existe un incumplimiento en los plazos, mientras que las comunidades nativas se encuentran aún en espera. Las cuales no se sienten respaldadas legalmente frente a posibles amenazas de invasión. Algunas, como Maketi o Huallanay, ya tienen 10 años gestionando su titulación. Por tanto, desde CEDIA se espera que las autoridades den la prioridad del caso debido a que el tiempo transcurrido ya superó el límite establecido.
