El establecimiento del Área de Conservación Regional Aguas Calientes Maquia constituye una noticia que merece ser celebrada. Su creación representa un avance importante para la conservación de la Amazonía peruana, fortalece los esfuerzos nacionales por proteger ecosistemas estratégicos y contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales orientados a detener la pérdida de biodiversidad. Para las instituciones públicas, organizaciones indígenas, comunidades, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil que han acompañado este proceso, se trata de un resultado significativo que refleja años de trabajo, diálogo y persistencia.
Los logros de esta naturaleza son importantes porque recuerdan que todavía es posible construir acuerdos alrededor de objetivos comunes en contextos complejos. En un escenario global marcado por la degradación ambiental, la pérdida acelerada de ecosistemas y crecientes presiones sobre los territorios amazónicos, cada nueva iniciativa de conservación representa una señal alentadora. El ACR Aguas Calientes Maquía amplía la superficie bajo mecanismos de gestión y protección, pero también fortalece una visión de futuro en la que la conservación, los derechos y el bienestar de las poblaciones locales forman parte de una misma conversación.
Detrás del establecimiento del ACR existe una historia de más de una década de trabajo, diálogo, desacuerdos, negociaciones, decisiones institucionales y construcción progresiva de condiciones que hicieron posible este resultado. El saneamiento de comunidades nativas, la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor, el establecimiento de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, la protección de pueblos indígenas en aislamiento, la participación de gobiernos locales y el involucramiento de diversos actores forman parte de un proceso mucho más amplio que la simple creación de una categoría de conservación.
El ACR no constituye el punto de partida de esta historia ni su punto final. Representa, más bien, un nuevo capítulo dentro de un proceso continuo de ordenamiento, discusión y construcción institucional en una de las zonas más complejas de la Amazonía peruana. Su establecimiento ofrece una oportunidad para reflexionar sobre una pregunta mayor: ¿cómo se gobierna un territorio donde convergen conservación, derechos indígenas, desarrollo local, presencia de pueblos en aislamiento, comunidades, caseríos, competencias estatales y aspiraciones distintas sobre el futuro?
«El ACR no constituye el punto de partida de esta historia ni su punto final. Representa, más bien, un nuevo capítulo dentro de un proceso continuo de ordenamiento, discusión y construcción institucional en una de las zonas más complejas de la Amazonía peruana»
El punto de partida es reconocer que el territorio no es una suma de categorías. Antes de ser Parque Nacional, Reserva Indígena, Área de Conservación Regional, comunidad nativa o distrito, el territorio existe como un sistema vivo. Los ríos, los bosques, la fauna, las rutas de movilidad, las formas de uso, las memorias locales y las relaciones sociales conforman una totalidad que no se organiza naturalmente según los límites administrativos que luego se trazan sobre ella.
Sin embargo, para gestionarlo, el Estado y la sociedad crean figuras, competencias y reglas. Esta fragmentación es necesaria, pero también produce riesgos. El principal aparece cuando las categorías terminan reemplazando la comprensión del conjunto. Una cosa es contar con instrumentos diferenciados para conservar, proteger, titular, regular o gestionar; otra muy distinta es olvidar que todos esos instrumentos actúan sobre una misma realidad territorial.
En ese sentido, la primera fragmentación no es jurídica ni espacial. Es conceptual. Ocurre cuando distintos actores formulan preguntas diferentes sobre un mismo espacio. Para algunos, la prioridad puede ser conservar ecosistemas estratégicos. Para otros, proteger pueblos indígenas en aislamiento. Para otros, generar oportunidades locales, fortalecer comunidades o asegurar presencia institucional. Ninguna de estas preocupaciones es ilegítima. El problema aparece cuando una interpretación pretende anular a las demás.
Por ello, los procesos territoriales deben entenderse también como procesos de interpretación. Muchas veces los actores hablan de las mismas palabras —conservación, desarrollo, protección, derechos, bienestar—, pero no siempre les atribuyen los mismos significados. Un gobierno local puede ver en un ACR una oportunidad para ordenar el uso del espacio y promover alternativas económicas. Una organización indígena puede valorar esa misma figura, pero insistir en que no debe invisibilizar la presencia de pueblos en aislamiento. Una entidad de conservación puede mirar conectividad ecológica y amenazas ambientales. Una comunidad puede preguntarse cómo todo ello afecta su vida cotidiana y su futuro.
«Los procesos territoriales deben entenderse también como procesos de interpretación. Muchas veces los actores hablan de las mismas palabras —conservación, desarrollo, protección, derechos, bienestar—, pero no siempre les atribuyen los mismos significados»
Estas diferencias no son fallas del proceso. Son parte de su naturaleza. Los territorios complejos no producen consensos automáticos. Producen tensiones, preguntas, desacuerdos y también posibilidades de acuerdo. La existencia de contradicciones no debe entenderse como una anomalía, sino como expresión de la coexistencia de múltiples derechos, responsabilidades y visiones sobre una misma realidad.
Esto resulta especialmente importante en casos donde las decisiones pueden parecer contradictorias. Por ejemplo, la creación de un área de uso directo en un ámbito donde también existen preocupaciones vinculadas a pueblos indígenas en aislamiento puede ser cuestionada desde ciertas miradas. La pregunta es válida y debe ser discutida. Pero precisamente por eso estos procesos no pueden reducirse a respuestas simples. La tarea no consiste en negar el problema ni en resolverlo de manera perfecta, sino en asumirlo, discutirlo y construir reglas claras para gestionarlo.
La gobernanza territorial no siempre produce escenarios donde todos ganan. Esa expectativa, tan frecuente en los discursos sobre resolución de conflictos, suele ser insuficiente para entender la realidad amazónica. Hay decisiones que generan costos, restricciones y responsabilidades diferenciadas. No siempre todos obtienen lo que esperaban. Pero un proceso puede ser valioso si permite escuchar a los actores, reconocer los intereses en juego, hacer visibles los desacuerdos y construir arreglos que permitan actuar con mayor claridad que antes.
En ese punto, resulta clave distinguir entre acuerdos perfectos y acuerdos viables. Un acuerdo viable no elimina todas las diferencias, pero permite avanzar. Para sostenerse, necesita al menos tres condiciones: legitimidad, funcionalidad y compromiso.
«En ese punto, resulta clave distinguir entre acuerdos perfectos y acuerdos viables. Un acuerdo viable no elimina todas las diferencias, pero permite avanzar. Para sostenerse, necesita al menos tres condiciones: legitimidad, funcionalidad y compromiso»
La legitimidad implica que los actores reconozcan el proceso, las reglas y los derechos involucrados, incluso cuando no compartan plenamente todos los resultados. La funcionalidad exige que los acuerdos sirvan para algo: orientar decisiones, reducir incertidumbres, definir responsabilidades y responder a problemas concretos. El compromiso supone asumir que toda decisión territorial genera obligaciones, costos y pasivos que deben ser sostenidos en el tiempo.
Esta última dimensión suele recibir menos atención. La creación de un área protegida, una reserva indígena o un área de conservación regional no culmina un proceso: abre nuevas responsabilidades. Hay que gestionar, financiar, coordinar, vigilar, adaptar y sostener lo creado. Lo que no existe se crea, pero lo creado también debe ser asumido. Esa es una de las mayores pruebas de madurez institucional y social.
También es necesario mirar hacia dentro del propio Estado. Con frecuencia se habla del Estado como si fuera un actor único, cuando en realidad está compuesto por sectores, niveles de gobierno y entidades con mandatos distintos. La conservación, la protección PIACI, el desarrollo local, la infraestructura, la titulación, la salud o la educación responden a lógicas especializadas. Esa especialización es necesaria, pero se vuelve problemática cuando se convierte en aislamiento, competencia institucional o invalidación de otros criterios técnicos y derechos ciudadanos.
Por ello, uno de los grandes desafíos no es solo articular al Estado con las comunidades o con los gobiernos locales. Es también lograr que el propio Estado construya puentes internos entre sus sectores. Un territorio integral no puede ser gestionado de manera efectiva por instituciones que actúan como compartimentos cerrados.
«La creación de un área protegida, una reserva indígena o un área de conservación regional no culmina un proceso: abre nuevas responsabilidades. Hay que gestionar, financiar, coordinar, vigilar, adaptar y sostener lo creado. Lo que no existe se crea, pero lo creado también debe ser asumido. Esa es una de las mayores pruebas de madurez institucional y social»
La experiencia asociada a Aguas Calientes Maquía, Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental muestra que los procesos territoriales no avanzan porque desaparecen las diferencias. Avanzan porque distintos actores, aun desde posiciones no siempre coincidentes, logran crear condiciones para actuar sobre una realidad compartida.
Esa quizás sea una de las principales lecciones. El ordenamiento territorial no consiste en encontrar una forma perfecta de dividir el espacio. Consiste en construir mecanismos legítimos, funcionales y sostenidos por compromisos reales para gobernar un sistema vivo que no puede ser plenamente compartimentado.
El establecimiento del ACR Aguas Calientes Maquia no cierra la discusión territorial. La vuelve más visible. Y precisamente por eso es relevante. Porque permite mirar hacia atrás y reconocer el largo proceso que hizo posible este momento; pero también obliga a mirar hacia adelante y preguntarse cómo sostener, mejorar y gobernar los acuerdos alcanzados.
En última instancia, la fortaleza de estos procesos no radica en eliminar las contradicciones. Radica en crear espacios donde puedan ser interpretadas, discutidas y gestionadas sin perder de vista la integralidad del territorio ni la legitimidad de quienes lo habitan, lo protegen y asumen responsabilidades sobre su futuro.
«El establecimiento del ACR Aguas Calientes Maquia no cierra la discusión territorial. La vuelve más visible. Y precisamente por eso es relevante. Porque permite mirar hacia atrás y reconocer el largo proceso que hizo posible este momento; pero también obliga a mirar hacia adelante y preguntarse cómo sostener, mejorar y gobernar los acuerdos alcanzados»
