Loreto. – El pasado 17 de agosto se inició el proceso de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a comunidades nativas y campesinas, sobre el proceso de acogimiento a los “mecanismos de compensación de multas” del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), en el departamento de Loreto.
Este proceso, impulsado por CEDIA, GERFOR y OSINFOR, se viene implementando a modo de piloto, en las comunidades campesinas de San Antonio y Gallito, ubicadas en la cuenca del río amazonas, cuyo objetivo es brindar una alternativa viable para que las comunidades puedan hacer efectivo el pago de las multas impuestas por el estado, intercambiando sus deudas por acciones específicas, denominadas “mecanismos de compensación de multa”.
Estos mecanismos aprobados por el OSINFOR en el 2023, mediante Directiva A3-DIR-032-V.01, contemplan 5 formas para compensar la multa adquirida: a) Recuperación de áreas degradadas, b) Conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre, c) Participación en acciones de capacitación, d) Cooperación en la supervisión y e) Reconocimiento de actividades del Comité de Vigilancia y Control.
En el caso de las comunidades donde se realizó el proceso piloto de fortalecimiento, ambas optaron por acogerse a diferentes mecanismos: la CC San Antonio aplicó para acogerse al mecanismo de conservación, por un periodo de 5 años, debido a que fue sancionado con 7.082 UIT, equivalente a S/ 36,472 soles y la CC Gallito aplicó al mecanismo de Capacitaciones y la conformación de su Comité de Vigilancia Comunal (CVC), por un periodo de 2 años, debido a que fue sancionado con 2.209 UIT, equivalente a S/ 11,373 soles.
Pero ¿Cómo se origina la multa?
Actualmente, la mayoría de las comunidades en la región Loreto que cuentan con el permiso forestal para aprovechar sus recursos maderables se encuentran sancionadas por OSINFOR debido al “mal uso” de los permisos forestales que se les otorga.
El mal uso de los permisos forestales, en el que incurren las comunidades, consiste en el aprovechamiento maderable por encima de lo aprobado por la autoridad, el derribo de árboles identificados como semilleros, la extracción de recursos, por parte de terceros, en lugares diferentes al sector establecido, entre otros.
Sin embargo, este mal uso, muchas veces se da por el desconocimiento de las comunidades sobre normativas y lineamientos para el aprovechamiento adecuado de sus recursos, provocando a su vez, que sean fácilmente engañados por “empresarios forestales” que, aun conociendo la norma, abusan de las comunidades y sus permisos para extraer madera por encima de los límites, dejándolas endeudadas y con una sanción que les impide el aprovechar sus recursos y la posibilidad de acceder a los proyectos propuestos por el estado, hasta el pago correspondiente de sus multas.
Así lo corroboró Rony Villanueva, representante de CEDIA ante las comunidades, quien puntualizó que la principal causa del problema se debe al desconocimiento de las comunidades para aplicar adecuadamente la norma; sin embargo, como indicó, la responsabilidad recae sobre todo en el estado, a través de los órganos competentes, quienes deben realizar procesos de capacitación con periodos razonable para su comprensión y retención.
Lamentablemente, como contó Villanueva, ante la falta de capacitación permanente, los empresarios ingresan y solicitan trabajar algún recurso a la comunidad, quienes en su desconocimiento entregan a ciegas sus documentos, permitiéndole hacer «lo que le da la gana» con ese documento. El empresario empieza a sacar el recurso, a veces, incluso de otra comunidad aledaña y la comunidad se da cuenta que tiene una multa solo cuando llega el notificador.
Sabiendo que los empresarios forestales se aprovechan del poco conocimiento de la comunidad, para escribir contratos perversos, donde las ganancias son enteramente para ellos y los costos recaen exclusivamente en las comunidades, ¿por qué no se incluye en las sanciones a estos malos empresarios?
Manuel Aime, presidente del Comité de Vigilancia de la comunidad de San Antonio, tras relatar los hechos que llevaron a su comunidad a ser sancionada, se expresó a favor de incluir a los empresarios en el pago de las multas, considerándolos también responsables.
«Esto no me parece justo, porque prácticamente el pueblo ha sido engañado, burlado por estas personas que venían a extraer la madera», señaló, ratificando que la comunidad no sabía que habían sacado el permiso forestal y el libro de actas para «hacer lo que querían». Finalmente, enfatizando que «los señores que han extraído la madera también deben estar incluidos sobre el tema de pagar una multa».
Acciones articuladas para superar el problema
El CEDIA y la GERFOR vienen articulando desde el 2022 para que las comunidades tengan la oportunidad de acogerse a los mecanismos de compensación de multa, logrando, a la fecha, que 70 comunidades entre nativas y campesinas se encuentren pagando su multa, mediante este mecanismo que, en términos económicos equivale a S/ 27,488,264.30 soles (7,728.07 UIT) y en términos de conservación a 81,574.43 hectáreas de bosques comunales conservadas.
Actualmente como parte del trabajo articulado entre el CEDIA, la GERFOR y el OSINFOR se viene realizando actividades en 10 comunidades sancionadas por OSINFOR, ubicadas en las cuencas de los ríos Amazonas y Ucayali para que puedan acogerse a los mecanismos de compensación para el pago de su multa.
El proyecto piloto que ha involucrado a las comunidades de San Antonio y Gallito, se ha denominado así, porque tiene un propósito específico: recolectar los insumos suficientes para dar sustento a la simplificación de la directiva, actualmente vigente que establece el acceso y la gestión de los mecanismos de pago. Aunque el mecanismo está funcionando bien, todavía se necesitan algunas mejoras en la directiva para que sea lo más accesible posible para las comunidades.
De acuerdo a Jesús Flores, Coordinador de la oficina desconcentrada de Iquitos de Osinfor, a través de este trabajo en equipo, se están evaluando las mejoras y modificaciones que podrían aplicarse a la directiva para que el proceso sea más fácil de gestionar para las comunidades implicadas que, en algunos casos, han tenido dificultades con dar seguimiento a la directiva.
Un beneficio destacado por los comuneros y los representantes de las instituciones, es el hecho de que al adherirse a estos mecanismos, las comunidades pueden acceder nuevamente a los proyectos propuestos por el Estado, a los que no podían acceder mientras se encontraban sancionados.
Después de las asambleas realizadas en ambas comunidades, estas se sienten más preparadas para gestionar sus propios recursos y conservar sus bosques, con el objetivo de aumentar, de esta manera, los recursos que podrán disponer las nuevas generaciones.
Al respecto, Lloni Alfredo Zaquiray Romayol, el presidente de la CC Gallito acogió con mucho gusto a las dos instituciones estatales y al CEDIA, destacando la importancia de las capacitaciones que les permiten adquirir competencias fundamentales para la protección de la comunidad y la relación con personas foráneas que buscan extraer sus recursos.
“No teníamos acercamiento de ninguna entidad que venga a la comunidad para que nos asesore, por eso que hemos caído en esta deuda… Gracias a ustedes, de verdad, que están viniendo a dar esta capacitación, para nosotros es tener más conocimiento y no caer en este tipo de juegos”, indicó.
Por su lado, Cindy Mesias, especialista de la unidad funcional de manejos forestal comunitario de GERFOR, manifestó que, dentro de las comunidades, hay una creciente participación de las mujeres en relación a esta problemática, por lo que, según ella, este tipo de actividades, cómo integrar un Comité de vigilancia, ayuda a destacar su participación.
En este contexto, la GERFOR y el OSINFOR consideran al CEDIA como un aliado estratégico no solo para promover y realizar los procesos de capacitación y fortalecimiento comunal, sino también para, desde una perspectiva más amplia, obtener diferentes miradas sobre la problemática y sus soluciones a corto y mediano plazo.
Con esta iniciativa, CEDIA, confirma su compromiso, apoyando a las comunidades campesinas y nativas de la Amazonía peruana, promoviendo su consolidación territorial y económica a través del fortalecimiento institucional y el uso sostenible de los recursos naturales.