El Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) participó en la suscripción de la Declaración de Interés para la conformación del grupo de trabajo “Pacto por los Pueblos”. Esta iniciativa tiene como objetivo articular esfuerzos entre el Estado y la cooperación internacional para contribuir a la implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2040.
La participación de CEDIA en este espacio responde a su rol histórico como aliado técnico de las comunidades originarias y a su incorporación como miembro activo de este grupo de trabajo permanente que buscará alinear las prioridades de la política nacional. En ese sentido, la organización asume compromisos como asistir a las reuniones convocadas por la Secretaría Técnica, identificar oportunidades estratégicas de cooperación, difundir los alcances de la política y reportar las acciones que se promuevan desde su campo técnico en beneficio de las comunidades.
Dani Rivera, director ejecutivo de CEDIA, comentó la trascendencia de este espacio de concertación: “Es destacable que, en un periodo de transición de gobierno, el Ministerio de Cultura se haya preocupado por consolidar una mesa técnica que garantice la continuidad y sostenibilidad de la política. Asimismo, que el Estado asuma este rol articulador, no solo con las instituciones públicas responsables, sino también con organizaciones de la sociedad civil como CEDIA y la cooperación internacional, que llevamos muchos años contribuyendo al cierre de brechas a favor de los pueblos indígenas. Que se articule formalmente con nosotros para incorporar nuestro trabajo y aportes es un paso fundamental”
El evento, que marca el inicio de la ruta de implementación del pacto, fue liderado por el Ministerio de Cultura y reunió a representantes de la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una amplia red de cooperantes. Como parte del Grupo de Trabajo, CEDIA compartirá la mesa técnica con diversos actores estratégicos. El espacio está integrado por embajadas y países cooperantes como Alemania, Reino Unido, Noruega, Unión Europea y España (AECID); entidades de la banca multilateral como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW); fondos especializados como PROFONANPE; y diversas organizaciones como Conservación Internacional, WWF, Rainforest Foundation Norway (RFN), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), AIDER, The Tenure Facility, DAS Perú y REWILD.
Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040
La política fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 002-2026-MC y se constituye como la primera política pública multisectorial de carácter vinculante orientada a proteger los derechos colectivos y culturales de cerca de seis millones de peruanas y peruanos. Bajo la conducción del Ministerio de Cultura, este instrumento posiciona al Perú como un referente en Latinoamérica y establece como meta principal que 7 de cada 10 ciudadanos indígenas ejerzan plenamente sus derechos colectivos al año 2040.
Para asegurar su impacto integral y descentralizado, la política articula formalmente el trabajo de 40 entidades pertenecientes a 19 ministerios diferentes. Esta estructura estatal tiene la responsabilidad de implementar y adaptar un total de 141 servicios públicos específicos, los cuales deberán responder a la realidad de los pueblos originarios, reconociendo su diversidad, identidad y formas propias de organización bajo un enfoque intercultural.
La agenda de la política presenta 9 objetivos prioritarios, como garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales, reducir la vulnerabilidad de los pueblos y sus medios de vida ante el cambio climático, salvaguardar los conocimientos tradicionales, garantizar el ejercicio efectivo de la participación y consulta previa, vigilar los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial – PIACI, mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, garantizar el desarrollo social respetando su libre determinación, impulsar un modelo de economía y sostenible y reducir la violencia y la discriminación étnico-racial hacia los pueblos indígenas u originarios.
Redacción: Helen Quiroz
