Publicado: 13/06/2018
Lima. Ayer inició el “Congreso Internacional sobre avances en Seguridad de Tenencia: la Tierra y el Bosque” organizado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), con el apoyo del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Éste tiene lugar en el Auditorio A-2 de la Escuela de Pos-grado de la UNALM hasta el jueves 14 de junio.
El Congreso tiene como objetivo difundir estudios y avances en tenencia forestal, ordenamiento territorial, así como reflexionar, a partir de las presentaciones realizadas, sobre la agenda pendiente. El día de ayer, después del Panel 1 sobre “Formalización de derechos de tenencia” en la que participaron expertos internacionales, se dio paso a ponencias de especialistas nacionales. Participaron Patricia Urteaga y Armando Guevara, representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con sus ponencias “Territorio y titulación en dos comunidades afectadas por la explotación petrolera” y “La legalización insostenible de derecho de agua en el acuífero de Ica-Villacurí”, respectivamente. También, de manera virtual, Carlos Soria, representante de Portal Socioecosistemas con su ponencia “Revisión comparada de derechos de tenencia en Perú, Indonesia, Mozambique y Uganda”; Natalia Málaga, especialista de CIFOR con la exposición “Evaluación de las reservas de carbono en bosques secundarios y cultivos de palma aceitera en la región de Ucayali”; y Luis Trevejo, especialista del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), quien presentó “El reconocimiento oficial del territorio ancestral de las poblaciones amazónicas en el Perú”.
El Ing. Luis Trevejo, Director Regional de CEDIA Norte, dio a conocer la labor que realiza CEDIA en la Amazonía peruana y sus cuatro líneas de acción: saneamiento físico legal, fortalecimiento organizacional comunal, actividades económicas sostenibles y apoyo en la gestión de ANP. Indicó que a las poblaciones indígenas no se les otorga un derecho, se les reconoce, pues otorgar un derecho sobre un territorio implica darle algo a alguien que no ha ocupado milenariamente ese lugar. Asimismo, porque el Estado peruano distingue la presencia de las poblaciones indígenas a partir de su ocupación o uso del territorio desde tiempos inmemorables. Por ello, con el fin de garantizar su integridad, reconoce su existencia legal y personería jurídica.
También señaló que las formas tradicionales de organizarse y de usar el territorio tienen que acondicionarse a la nueva figura legal. Además, después de hacer un recuento histórico de las normas vinculadas al saneamiento físico y legal de comunidades nativas concluyó que éstas han recortado derechos territoriales. A ello se suman nuevos escenarios en los que existen Bosques de Producción Permanente, concesiones forestales y de conservación, títulos habilitantes, áreas naturales protegidas, cultivos ilícitos, tala ilegal, tráfico de tierras e invasión de territorios comunales que obstaculizan el reconocimiento y titulación de comunidades nativas en sus territorios ancestrales.
Frente a lo anterior planteó retos que deben ser afrontados para que las comunidades que aún no cuentan con título de propiedad puedan obtenerlo en el futuro: armonizar los intereses entre los distintos sectores que otorgan derechos sobre el territorio, buena administración de los recursos económicos que financian las grandes iniciativas de saneamiento físico y legal y fortalecer los espacios de participación locales y sus organizaciones de segundo nivel en las grandes iniciativas de saneamiento físico y legal.
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