Iquitos. – El viernes 09 de agosto, con motivo de los 50 años de la vigencia de la Ley de comunidades nativas, el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), en colaboración con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Loreto y ORPIO, realizó el segundo conversatorio denominado “50 años de la Ley de Comunidades Nativas”.
El evento realizado en el Auditorio de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI), tuvo como objetivo reflexionar, en dos paneles académicos, sobre el impacto y los desafíos del Decreto Ley N°20653 y su sucesora, la Ley N°22175, también conocida como la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, mediante la cual se reconoce la existencia legal de las comunidades nativas y los derechos sobre sus territorios ancestrales.
Historia y aplicación de la ley de comunidades nativas
El primer panel contó con la presencia de tres expertos: el investigador, Alberto Chirif; el presidente de CEDIA, Lelis Rivera y el representante de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Loreto (DISAFILPA), Warren Guerrero; quienes expusieron sus presentaciones en ese orden.
Por su lado, Alberto Chirif, promotor de la ley, relató el contexto histórico sobre el que se creó la ley, destacando hitos importantes como la formación de docentes bilingües, a través del Instituto Lingüístico de Verano, la caída del sistema de fundos, entre otros conflictos que replantean las dinámicas relacionales y comerciales en la época de los 70.
Así mismo, advirtió de algunos cambios administrativos en la norma que cuestionan la autoidentificación indígena, así como el reconocimiento de sus territorios, más allá de la inscripción de sus comunidades.
En su turno, Lelis Rivera expuso ampliamente sobre la aplicación de la ley y los cambios que se han presentado desde su implementación, precisando que el decreto Ley N°22175 afianzó el establecimiento de una estructura agraria que buscó contribuir al desarrollo integral de la población amazónica; sin embargo, los recursos que viene desplegando el Estado, desde los 80, son insuficientes.
Cómo evidenció Rivera, si bien “esta ley obligó al estado a tener un registro civil de cada comunidad, para que el nativo sea conocido legalmente como persona” y pueda aprovechar sus recursos, la entidad del estado, encargada del proceso de saneamiento físico legal, no cuenta con el presupuesto para ejecutar sus funciones y tiene que contar con el apoyo de la cooperación técnica internacional para garantizar la titulación de las comunidades.
De su lado, Warner Guerrero, como representante la DISAFILPA narró los procesos y mecanismos que se han venido desarrollando para la titulación de Comunidades Nativas, así como los cambios que se han venido realizando para facilitar este proceso, destacando la aprobación de la Resolución Ministerial N°194-2017-MINAGRI, en el que se flexibiliza la clasificación de tierras y por ende, se agiliza la titulación.
La terna concluyó planteando la necesidad de seguir evaluando la ley para proponer cambios de mejora, así como un seguimiento continuo para garantizar que las entidades competentes asuman sus responsabilidades y la “voluntad política” se traduzca en acciones que flexibilicen los procesos y garanticen el desarrollo integral de las comunidades indígenas.
Procesos de saneamiento físico legal y alcances de la norma para los territorios indígenas
El segundo panel estuvo conformado por tres especialistas: Iván Ayme, especialista del Ministerio de Cultura; Edddy Mejía, coordinador de Saneamiento Físico Legal del CEDIA y David Freytas, representante de ORPIO- AIDESEP, quienes expusieron sobre los retos a afrontar en la aplicación de la Ley de Comunidades Nativas.
Durante su ponencia, Iván Ayme expuso el estado situacional de los procesos de saneamiento físico legal en la Región Loreto relacionado al sector cultura, basado en un estudio en proceso que presenta sus primeros hallazgos. Entre ellos, el especialista destacó que para cerrar las brechas es fundamental la intervención articulada de los actores gubernamentales, poniendo énfasis en los procesos de georeferenciación, la inscripción formal de tierras y la resolución de conflictos por superposición.
Por su parte, Eddy Mejía resaltó la importancia del proceso de titulación o saneamiento físico legal para las comunidades nativas, ya que el reconocimiento o inscripción de la comunidad ante la ley, exige al estado realizar acciones que garanticen sus derechos y la invulnerabilidad de sus territorios. Por otro lado, esto contribuye también con la reducción de conflictos entre comunidades colindantes, ya que delimita sus territorios como propiedad privada, así lo explicó el especialista.
El panel cerró con la participación de David Freytas, coordinador de proyectos de ORPIO, quien dio precisiones sobre la aplicación de la Ley de Comunidades Nativas para los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y las dificultades que se vienen afrontando.
Freytas precisó que la creación de las reservas PIACI inicia con la creación de las reservas territoriales, para luego dar paso a las reservas indígenas, con una Ley específica para este grupo, regentada por el Ministerio de Cultura, seguidamente, especificó que actualmente se tiene 6 reservas indígenas en el territorio peruano, y dos en proceso de creación, resaltando que estos procesos son bastante largos, ya que tras la presentación de la propuesta, requiere la calificación favorable, el estudio previo de reconocimiento y, por último, el estudio final de categorización.
Para concluir el conversatorio, la comunidad indígena «los tayras kukama de padre cocha», presentaron 2 danzas del género ritual festivo y del género musical ritual movido típico, denominadas “La danza de la elaboración del masato” y “TSUKURI WËSTA” (fiesta de la boa), en el que mostraron sus costumbres y tradiciones. Al cierre de su presentación, las y los asistentes bailaron en ronda junto a las y los danzantes.
