El Gobierno Regional de Ucayali y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realizaron una ceremonia pública para la entrega de 49 títulos de propiedad georreferenciados. Entre los beneficiarios se encontró la Comunidad Campesina Guapries, que obtuvo su seguridad jurídica tras un proceso administrativo que contó con el acompañamiento técnico del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).
Guapries es la primera comunidad campesina ribereña en obtener un título de propiedad en la región Ucayali, con un territorio que abarca más de 8 mil hectáreas situadas en ambas márgenes del río Callería, en la provincia de Coronel Portillo. El nombre de la comunidad es un acrónimo derivado de los caseríos Guacamayo, Primavera y Esperanza, cuyos habitantes decidieron unirse para gestionar su territorio de manera colectiva, buscando una figura legal que protegiera sus recursos y su identidad de forma unificada.
El origen de este proceso se remonta al año 2015, durante la categorización del Parque Nacional Sierra del Divisor. En aquel momento, se desafectaron áreas que se superponían con asentamientos humanos, lo que permitió que estos tres caseríos iniciaran el saneamiento físico-legal de sus tierras. A pesar de que la normativa nacional contempla la titulación de comunidades campesinas, el proceso en esta zona tomó más de una década debido a la complejidad de adaptar los procedimientos técnicos a la realidad geográfica de la selva baja.
Para avanzar en este trayecto, la labor del CEDIA fue fundamental al brindar soporte técnico tanto a la comunidad como a la entidad rectora. La intervención se centró en la organización comunal y en la elaboración de los expedientes técnicos necesarios para la georreferenciación. Este trabajo colaborativo, que se reactivó con mayor fuerza a inicios de 2025 junto a la Dirección Regional de Agricultura, permitió superar las barreras administrativas y asegurar que el expediente cumpliera con los estándares legales requeridos.
La ubicación de Guapries es un factor clave para la gestión ambiental, ya que colinda directamente con el Parque Nacional Sierra del Divisor. Al formalizar sus límites, se establece una base jurídica que ayuda a frenar el avance de actividades como la tala ilegal, trabajos ilegales y las invasiones de tierras.
“Contar con poblaciones que tienen derechos territoriales definidos facilita la vigilancia y el control de los ecosistemas en las áreas naturales protegidas”, así lo señaló Dani Rivera, director ejecutivo del CEDIA.
En el aspecto económico, la obtención del título permite que la comunidad formalice sus actividades de aprovechamiento sostenible. Estas iniciativas requerían seguridad jurídica para acceder a nuevos convenios de cooperación y fortalecer su modelo de producción y conservación. Actualmente, los pobladores ejecutan proyectos como el repoblamiento de tortugas taricayas, la gestión de un mariposario y el monitoreo de áreas de recuperación de bosques donde antes existía siembras ilegales.
Así es como, tras más de una década de gestión, Guapries recibió el documento que garantiza la seguridad jurídica de sus tierras. Ahora, con los límites claros y el derecho reconocido, la comunidad empieza una nueva etapa donde la seguridad de su tierra es el cimiento para construir un futuro más próspero.
Redacción: Helen Quiroz
