Caballococha, Loreto – El pasado 18 de agosto de 2025, la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla aprobó la Ordenanza Municipal N°010-2025-MPMRC, que reconoce a los Planes de Vida como instrumentos de gestión estratégica comunal y establece su articulación con el Presupuesto Participativo, Programa Multianual de Inversiones, y otros, para que los proyectos de inversión pública local respondan a las necesidades reales de la población.
Los Planes de Vida son herramientas de gestión comunal elaboradas por las comunidades amazónicas desde 2014. A partir de un diagnóstico participativo, cada comunidad define su visión de desarrollo social, económico, cultural y ambiental, en coherencia con su cosmovisión. Con la ordenanza municipal, estos planes no solo reciben validación estatal, sino que se exige su revisión obligatoria para orientar las políticas públicas locales y fortalecer la planificación territorial de forma sostenible y participativa.
Actualmente, de las 29 comunidades nativas y 72 comunidades campesinas que existen en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, 40 (17 comunidades campesinas y 23 comunidades nativas) ya han diseñado, con el acompañamiento de CEDIA, sus planes de vida y vienen ejecutando las actividades programadas en sus planes operativos, de acuerdo con sus prioridades y con los recursos que cuentan.
En muchos casos, sus recursos son escasos y sus prioridades están relacionadas al acceso a derechos básicos que debería garantizar el Estado, por ejemplo, la comunidad campesina Rondiña II tiene como objetivo contar con infraestructuras comunales y para ello ha planteado Implementar veredas peatonales dentro de la comunidad. Sin el apoyo del gobierno local u otros actores, es improbable que las comunidades alcancen sus metas y es allí donde radica el valor de este tipo de legislación.
En ese sentido, para Dani Rivera, director ejecutivo de CEDIA, esta ordenanza representa un avance importante, ya que, si bien es cierto, “los planes de vida son valiosos porque en ellos las comunidades trazan su propio desarrollo, es fundamental que el Estado asuma su parte para asegurar que las propuestas hagan realidad y se conviertan en acciones concretas”.
En el 2018, el Gobierno Regional de Loreto fue el primero en dar este paso, al aprobar una ordenanza regional N°018-2018-GRL-CR que reconoce a los planes de vida como base para orientar la gestión pública. Este antecedente respalda la decisión de Mariscal Ramón Castilla y estimula a otros gobiernos regionales y locales a ejercer la gestión pública desde una mirada de desarrollo inclusiva y participativa.
Hacerlo, abre la puerta a cambios visibles en la vida comunal; cómo refiere Rivera, “cuando las comunidades cuentan con acompañamiento durante la implementación de sus planes de vida, ya sea de CEDIA, otras organizaciones o mejor aún de los propios gobiernos locales, se generan mejoras y avances reales: más acceso a salud, educación, comunicación y servicios básicos”.
La aprobación de esta ordenanza es el resultado de un trabajo sostenido y articulado entre el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico y la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla; quienes, el pasado 14 de julio, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para trabajar en torno a tres ejes estratégicos: derecho territorial, fortalecimiento organizacional y economía indígena.
Actualmente 14 comunidades se encuentran en proceso de titulación y 44 ya han logrado el saneamiento físico legal de sus territorios con el apoyo de CEDIA, además se han realizado talleres de fortalecimiento organizacional en 40 comunidades de su jurisdicción.
Con cada actividad, no solo se restituyen los derechos de las comunidades amazónicas, sino que también van adquiriendo la confianza para ejercer plenamente esos derechos con libertad y autonomía. Así, la gobernabilidad del territorio amazónico se va construyendo con respeto, en horizontalidad y con un objetivo común: el desarrollo sostenible y equitativo del distrito.
Justamente, el segundo eje se ve reforzado con esta ordenanza, pues la articulación de los planes de vida encuentra ahora un soporte legal que asegura su integración en los espacios de planificación municipal.
Redacción: Camila Morales.
