PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS ANTE ATENTADO EN CONTRA DE LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA DEL SECTOR FORESTAL
Publicado el 05/06/20
Lima. Los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo al quiebre de la institucionalidad del sector forestal peruano por parte del Ministro de Agricultura al dar por concluida la designación al Director Ejecutivo de la autoridad forestal peruana SERFOR (mediante la Resolución Suprema N.°02-2020-MINAGRI) citando como causal la pérdida de la confianza, pasando por encima de las funciones de su Consejo Directivo del SERFOR, el cual no fue convocado ni informado previamente de esta disposición de remoción.
Ya a inicios de marzo del 2020 denunciamos el intento de quiebre de la institucionalidad cuando la Viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Paula Carrión Tello, convocó al Director Ejecutivo de SERFOR, Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, a una reunión privada en la que le solicitó su renuncia por decisión de la Alta Dirección del sector. En esa oportunidad Gonzales-Zúñiga le pidió que le alcance la solicitud por escrito, explicando los motivos, a lo que ella se negó.
Considerando que la propia Viceministra es quien preside el Consejo Directivo del SERFOR y a través de esta solicitud de renuncia estaba pasando por encima del órgano máximo de la institución y vulnerando los procedimientos establecidos, las organizaciones de sociedad civil y de los Pueblos Indígenas y Originarios pedimos a nuestros representantes ante el Consejo que solicitarán la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del SERFOR para que se brinde las explicaciones del caso. Consideramos que esto era esencial para contribuir a la transparencia en un momento tan delicado. La carta formal fue enviada (11 de marzo del 2020), pero no hubo convocatoria.
Cabe mencionar que Gonzales-Zúñiga es el primer Director Ejecutivo del SERFOR que ha sido designado a través de un concurso público de méritos avalado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y nombrado por un periodo de cinco años, precisamente para poder garantizar la independencia y continuidad necesaria para gestionar adecuadamente los recursos forestales y de fauna silvestre en el país. Es por ello que llama la atención que se disponga la remoción de este cargo señalando pérdida de la confianza, sin haber mediado la exposición de las causales de la remoción en el espacio del Consejo Directivo.
El pedido de renuncia por parte de la viceministra se produjo cuando la gestión del SERFOR mostraba avances en el desarrollo de mecanismos de trazabilidad de la madera, de modo que finalmente se pueda verificar su origen legal en el bosque, y en la cadena de transformación, de comercialización y de exportación. Los avances por reconstruir esta trazabilidad, han generado una reacción negativa de parte de aquellos actores públicos y privados que se han venido beneficiando económica y políticamente por la comercialización de madera ilegal y la corrupción requerida para su lavado. En este proceso, algunos funcionarios han recibido amenazas de muerte e incluso ataques físicos para intimidarlos e intentar detener la implementación de los avances.
El contexto de esta terminación que consideramos arbitraria es aún peor ahora que el país está fuertemente golpeado por la pandemia y el virus empieza a llegar a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que se habían aislado y bloqueado los accesos a sus territorios. Mientras los concesionarios forestales y la industria demandan flexibilizaciones de estándares y verificación de origen legal, el propio Estado genera una crisis de institucionalidad en un sector dramáticamente invadido por la ilegalidad, al punto que la propia Unidad de Inteligencia Financiera concluye que al menos el 60% de la producción maderera en el país tiene un origen ilegal. Esta producción ilegal se “lava” con documentación fraudulenta generada por la corrupción de autoridades y de concesionarios, los mismos concesionarios que ahora aseguran que respetarán protocolos de bioseguridad.
Por tanto, los abajo firmantes expresamos nuestro profundo rechazo ante esta acción que atenta contra la institucionalidad y la gobernanza forestal en el Perú además de poner en situación de alto riesgo los compromisos internacionales contraídos por el Perú vinculados a la protección de los bosques, la lucha contra la tala ilegal y la reducción de la deforestación, como es el caso del Acuerdo Perú Noruega Alemania (DCI) y del Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU. Asimismo, respaldamos los esfuerzos por una gestión forestal más transparente y libre de corrupción que permita aumentar la competitividad nacional y global del sector forestal peruano y que traiga un desarrollo sostenible para la Amazonía y sus pobladores.
- Amazon Watch
- Amazónicos por la Amazonía – AMPA y la Red Amazónica de Conservación Voluntaria y Comunal “Amazonía Que Late”
- Asociación Arariwa
- Asociación Nacional de Centros – ANC
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA
- Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales, CIMA-Cordillera Azul
- Colegio de ingenieros del Perú – Consejo departamental San Martín, Moyobamba
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR
- Environmental Investigation Agency-EIA
- Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú- FENMUCARINAP
- Fundación Pachamama Perú
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS
- Instituto del Bien Común-IBC
- Instituto de Defensa Legal – IDL
- Nature Services Perú
- Proética
- SEPERU
- Servicios en Comunicación Intercultural – Servindi
- Center for International Environmental Law (CIEL)
- Oxfam en Perú
- Organización Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA
- Practical Action
- Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE
A título personal:
- Silvia Sánchez Huamán
- Patricia Fernández-Dávila (DNI 08220816)
