Seguridad jurídica garantizada para 15 comunidades nativas y campesinas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla

Seguridad jurídica garantizada para 15 comunidades nativas y campesinas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla

El proceso de saneamiento físico-legal aseguró más de 29 mil hectáreas de territorio comunal en favor de las comunidades de los pueblos tikuna, yagua, kichwa y kukama-kukamiria.

Foto: DIRDAGRI / Equipo técnico de CEDIA junto a los apus de las comunidades nativas y campesinas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

El 29 de agosto, se concluyó el proceso de formalización territorial de las comunidades nativas y campesinas de los distritos de Ramón Castilla, San Pablo y Yavarí, pertenecientes a las cuencas del Bajo Amazonas y Yavarí. En total, la intervención abarca 5 comunidades nativas y 10 comunidades campesinas, formalizando un total de 29 469 hectáreas y 6750 m², beneficiando directamente a 885 familias y 2994 habitantes. 

Esta entrega es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), con el respaldo financiero de Rainforest Trust y Re:wild, y la Dirección Regional de Desarrollo Agrario y Riego (DIRDAGRI) del Gobierno Regional de Loreto, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación interinstitucional orientados a acelerar la formalización de tierras y respaldar la gobernanza comunitaria. 

Durante la ceremonia oficial de entrega en el distrito de Santa Rosa se contó con la representación de 05 comunidades nativas beneficiarias: Pampayo, San José de Loreto Yacu, San Juan de Cacao, Ticuna Santa Cecilia y Sacambú. Por su parte, las 10 comunidades campesinas fueron: Alberto Fujimori Fujimori, Puerto Alegría, Reubicación San Antonio de Cacao, Rondiña I Zona, San Antonio de Cacao, San Felipe del Amazonas, San José de Berseba, San Pedro de Cacao, Vista Alegre – Río Amazonas y Virgen de Guadalupe. 

Foto: DIRDAGRI / Carlos Castillo, director regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto, junto a Job Cárdena, apu de Pampayo.

Este proceso de saneamiento físico-legal representa una herramienta estratégica fundamental. Contar con un título inscrito formalmente en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), con Partida Electrónica, otorga seguridad jurídica frente al avance de actividades extractivas no sostenibles, la deforestación, la invasión de tierras y la minería ilegal, amenazas que vulneran el bienestar de las poblaciones indígenas. 

Eddy Mejía, coordinador de la Oficina de Saneamiento Físico-Legal en representación de CEDIA, destacó la perspectiva a futuro que abre este saneamiento territorial: «Esta entrega de títulos de propiedad representa el final de un proceso administrativo que otorga seguridad jurídica a sus territorios comunales, pero también representa el inicio del reto que implica la gestión responsable de su propio territorio, teniendo como horizonte lograr su soberanía territorial». 

Foto: DIRDAGRI / Eddy Mejía, coordinador de la Oficina de Saneamiento Físico Legal junto a José Quiroz, presidente comunal de la comunidad campesina Virgen de Guadalupe.

Al garantizar la protección de su territorio, se sientan las bases para que las comunidades ejerzan un verdadero autogobierno, gestionando sus recursos naturales bajo su propia visión cultural y fortaleciendo su desarrollo. Garantizar la seguridad jurídica en sus territorios es consolidar el uso sostenible de sus bosques y ríos, abriendo paso a la implementación de proyectos de desarrollo integral y actividades productivas sostenibles diseñadas desde y para las propias comunidades.  

De esta manera, CEDIA reafirma su compromiso con la conservación y la defensa de los derechos territoriales de las comunidades nativas y campesinas, fortaleciendo la alianza estratégica con el Gobierno Regional de Loreto, las organizaciones indígenas representativas y los actores territoriales clave. 

Redacción: Estrella Paredes