Iquitos. – Este 19 de diciembre, 22 comunidades indígenas de las provincias de Maynas y Loreto recibieron formalmente los títulos de propiedad comunal de sus territorios, cuya extensión total abarca 122,917 hectáreas.
La ceremonia de entrega de títulos se realizó en el Auditorio Regional de Loreto y significó el cierre de este proceso de formalización que reivindica los derechos territoriales de las 22 comunidades nativas y campesinas que se inició entre el año 2021 y 2022, gracias al convenio interinstitucional entre la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI-L) y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).
Los procesos de titulación que se gestionaron fueron de acuerdo con las necesidades de cada una de las 22 comunidades. Así, del total, 18 culminaron el reconocimiento de sus derechos territoriales a través de procesos de titulación y ampliación, mientras que 4 de ellas actualizaron la información cartográfica de sus títulos comunales mediante el proceso de georreferenciación.
Estos procedimientos debidamente ejecutados por las organizaciones aliadas y en coordinación con las y los líderes de las 22 comunidades y sus federaciones representativas, permitieron beneficiar a aproximadamente 781 familias, quienes se involucraron en todos los procesos de reconocimiento y demarcación para garantizar sus derechos sobre sus territorios ancestrales.
Las comunidades nativas que recibieron sus títulos de propiedad comunal fueron San Lorenzo, Primero de Enero del Río Napo, San Pedro Quebrada Blanco, Auca Poza, Nuñez Cocha, Atalaya, Santa Elena, Libertad, Nuevo Berlín-Río Tigre, Pueblo Joven Sargento Lores, Nuevo Jerusalén de Airico, Santa Rosa, Shapajilla, Guineal y 2 de Mayo; así mismo, las comunidades campesinas de Lagunas, Colonia, San Juan de Yanayacu, Nuevo Paino y Buenas Nuevas – Río Amazonas, también recibieron sus títulos de propiedad comunal.
La obtención de estos títulos comunales representa un logro significativo para las comunidades indígenas de la provincia de Maynas y Loreto, ya que aseguran su seguridad jurídica y les permite ejercer sus derechos plenos sobre sus territorios, propiciando una mayor organización para su gestión y el desarrollo de actividades económicas que les permita mejorar su calidad de vida.
